Delito de falsedad documental del artículo 392 del Código Penal en relación con el artículo 390.1.2ª del mismo cuerpo legal. En los supuestos de matrimonios de complacencia o de conveniencia no concurren ni en los celebrantes ni contrayentes, aun cuando todos conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, los elementos del tipo pues el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto objetivamente celebrado en forma reconocida.

08 May, 2017.- El contenido del acta que autoriza el funcionario: hecho y circunstancias de la ceremonia, que es en definitiva sobre los extremos que despliega prueba la inscripción registral, no son falsos ni tampoco inauténticos. La finalidad de los contrayentes, las reservas mentales que en el fuero interno existieran, no son objeto, fueren o no las propias de asumir un proyecto de vida en común, circunstancia que se pruebe con la inscripción registral.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 06 de abril de 2017, Recurso Nº: 649/2016. Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco.

FCO QUINTO. – (…)Esta Sala Segunda, igualmente en la sentencia 60/2005, de 17 de enero, en supuesto donde el Tribunal del Jurado, declaró probada la simulación y las amenazas de muerte del “novio” inmigrante a la “novia” para que ésta emitiera la declaración de voluntad de contraer matrimonio, con el objeto de obtener la nacionalidad española, o el permiso oficial de residencia, donde además la sentencia de la Audiencia de Córdoba declaró la nulidad del matrimonio, resolución confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, estima el recurso de casación y deja sin efecto la declaración de nulidad matrimonial, porque “el Tribunal penal se ha excedido en el ejercicio de su Jurisdicción cuando ha declarado la nulidad del matrimonio como consecuencia del delito, decisión que corresponde a la Jurisdicción Civil, a la que deberá acudir la parte legitimada para ello “.

Argumenta dicha resolución: Obsta a lo anterior (la declaración de nulidad matrimonial por la jurisdicción penal) la norma contenida en el artículo 5 LECr , en materia de cuestiones prejudiciales, que establece, frente a la regla general del artículo 3º, que las cuestiones civiles prejudiciales, referentes a la validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil, se deferirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas, criterio diáfano del Legislador en relación con las cuestiones mencionadas y su atribución exclusiva a la Jurisdicción Civil, como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta su propia naturaleza (no debemos olvidar al respecto que se trata de acciones constitutivas que producen una sentencia de igual clase, sólo susceptibles de ejercicio judicial, de forma que su efecto jurídico se produce con la sentencia, mientras la acción de responsabilidad civil es declarativa de condena, susceptible de ser influida por la declaración de voluntad de las partes).

Ciertamente, en autos no existe tal declaración de nulidad, pero se parte de ella en el relato histórico, sin que mediara previa declaración judicial; de forma que carecemos del hecho que acredita esa nulidad y obviamente de prueba del mismo, en ambos casos la sentencia que declare esa nulidad, que en cuanto constitutiva de estado civil, cumple esa doble función; en cuya consecuencia, el motivo atinente a este extremo, debe ser estimado, lo que determina a su vez que no resulte necesario examinar el quebranto del derecho al Juez predeterminado por la ley que residenciaba el recurrente en el art. 117 CE y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto cualquier referencia a la nulidad del matrimonio en la resolución recurrida, debe entenderse suprimida.

FCO SEXTO.- La aplicación indebida de los artículos 392.1 y 390.1.2 en relación con el art. 74 CP , resulta por una parte concatenado a la falta de declaración de nulidad del matrimonio fraudulento; pero también por la inviabilidad en cualquier caso de predicar la omisión de falsedad ideológica documental en la celebración de un matrimonio de complacencia.

1. Indica la representación procesal del recurrente la falta de acomodación de su conducta al tipo de falsedad documental, niega que integre delito de falsedad documental ideológica, la mera celebración de matrimonio de complacencia, incluso cuando la finalidad acreditada, fuere eludir la normativa sobre inmigración; y recuerda la previsión de la conducta declarada probada como mero ilícito administrativo.

Obviamente, la práctica diaria de organismos administrativos y judiciales, le avala, pues de los varios centenares de matrimonios de complacencia de los que la Fiscalía especializada en extranjería, tiene noticia cada año, salvo usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ninguno origina diligencias penales por falsedad documental ideológica en el único sustento de ser el consentimiento otorgado por mera conveniencia o complacencia. Tampoco obran remisiones de los Juzgados de orden civil o contencioso, cuando con relativa frecuencia, se encuentran con situaciones similares a las de autos.

La propia jurisprudencia de esta Sala Segunda, de forma tajante afirma que los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a falsedad alguna, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión. Podrá tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal (STS núm. 1004/1997, de 9 de julio). Se trataba, conforme precisa el primer fundamento de la resolución, “de tres matrimonios civiles celebrados por los contrayentes con una finalidad ajena por completo a lo que con la ceremonia se pretende normalmente por los dos partícipes. Son matrimonios por algunos denominados “en blanco”, por otros “matrimonios de conveniencia” o “de complacencia”. Son, en fin, uniones en las que bajo la apariencia de tal institución, y muchas veces con el señuelo de algún beneficio personal, que puede ser estrictamente económico, se busca no el matrimonio propiamente dicho sino otro logro difícil de obtener por otros medios, tal puede ser la adquisición de la nacionalidad o la regulación de la estancia en el país”.

Igualmente la STS núm. 985/1995, de 17 de noviembre , casa la sentencia que condenaba por falsedad documental al autorizante y a quien había contraído matrimonio de conveniencia para evitar una expulsión administrativa ya acordada, negando que mediara falsedad ideológica alguna.

Ciertamente, tras esas resoluciones, el Pleno no jurisdiccional de 26 de febrero de 1999, la Sala Segunda del TS ha optado por una interpretación lata del concepto de ‘autenticidad’, incluyendo tres supuestos para la aplicación del art. 390.1.2, entre aquellos que afecten a la autenticidad del documento:

a) La formación de un documento que parezca provenir de un autor diferente del efectivo (autenticidad subjetiva o genuinidad).

b) La formación de un documento con falsa expresión de la fecha, cuando esta sea esencialmente relevante.

c) La formación de un documento enteramente falso, que recoja un acto o relación jurídica inexistente, es decir de un documento que no obedece en verdad al origen objetivo en cuyo seno aparentemente se creó (falta de autenticidad objetiva).

Pero la conducta de autos, no resulta incardinable en ninguno de los tres supuestos, pues el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto objetivamente celebrado, el matrimonio in fieri, o ceremonia en forma reconocida. Su contenido tampoco trastoca ninguna de las funciones a que el documento debe responder: perpetuación de las declaraciones emitidas, identificación de sus autores y la estrictamente probatoria de los extremos que son trasladados al Registro Civil.

En definitiva, el contenido del acta que autoriza el funcionario: hecho y circunstancias de la ceremonia, que es en definitiva sobre los extremos que despliega prueba la inscripción registral, no son falsos ni tampoco inauténticos. La finalidad de los contrayentes, las reservas mentales que en el fuero interno existieran, no son objeto, fueren o no las propias de asumir un proyecto de vida en común, circunstancia que se pruebe con la inscripción registral.

Especialmente cuando, como destaca un cualificado sector de la doctrina civilista, ya no resultan nítidas las diferencias entre el matrimonio válido y el matrimonio de complacencia, a partir de las reformas legales de 2005 en la institución matrimonial, que permiten su disolución por causa de divorcio, a petición de uno sólo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, sin causa alguna. Lo que necesariamente incide en el propio contenido del consentimiento matrimonial, por la dificultad de integrarlo con específicos deberes conyugales, más allá de su emisión en la forma requerida por la ley.

Fuente: http://www.otrosi.net

 

Delito de abusos sexuales del artículo 181.1 del Código Penal. El hecho de que la perjudicada padezca un ligero retraso mental no implica que desconozca el sentido de las relaciones sexuales ni la ausencia de capacidad para decidir con qué persona desea mantenerlas, no existiendo ni conocimiento ni voluntad viciada que pueda ser objeto de reproche penal.

27 Mar, 2017.- Para el delito de abuso sexual el déficit intelecto-volitivo de la víctima debe de proyectarse necesariamente sobre la significación del acto sexual y sobre su capacidad de decidir, por lo tanto, la existencia de un retraso mental no tiene porqué incidir y afectar a la sexualidad en el doble sentido expuesto.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 28 de febrero de 2017, Recurso Nº: 1608/2016. Ponente: Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García.

FCO TERCERO.- Desde la doctrina expuesta, pasamos a dar respuesta a la denuncia efectuada.

En el hecho probado se describen dos acciones claramente diferenciadas en el tiempo y en la persona afectada por la acción del recurrente: Esperanza y Paula.

En relación a Esperanza el fundamento jurídico primero de la sentencia estudia con detenimiento los elementos incriminatorios que tuvo en cuenta, extraídos de la propia declaración de Esperanza -y en este sentido tenemos que recordar que la declaración de la víctima puede constituir la prueba de cargo capaz de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia-.

En síntesis, se dice en la sentencia que el recurrente tuvo los contactos sexuales reflejados en el hecho probado en su domicilio, en un cuarto ubicado en el interior de la casa con Esperanza , a la sazón de 21 años de edad, que la conocía desde su nacimiento, que Esperanza narró los hechos que efectuó con el recurrente, si bien se dice que su declaración en juicio fue “muy equívoca en determinados aspectos, de respuestas poco firmes y en abierta contradicción con otras manifestaciones verificadas en el proceso” y en concreto se refiere al hecho de si en ocasiones llamaba ella misma por teléfono al recurrente, o al hecho de si tuvo otras relaciones sexuales con otros hombres, en particular con un compañero del centro al que acudía. En definitiva el Tribunal valora la credibilidad del testimonio de Esperanza, descartando cualquier fabulación o resentimiento que pudiera hacer dudar de la sinceridad de lo declarado.

En conclusión, el Tribunal descartando toda intimidación o violencia, acepta el hecho de que los actos enjuiciados efectuados por el recurrente contaron con la voluntariedad de Esperanza , pero existiendo un aprovechamiento de su falta, parcial, de capacidad.

En relación a Paula, el Tribunal consideró que su declaración fue clara y sincera. Nos dice el Tribunal de instancia que “….lo singular, aislado y simple del hecho cometido sobre Paula , y la entidad de su afección, que la sitúa en un estado de simpleza que hace su declaración más sincera y creíble, como es propio de su inocencia, hace que lo dicho por ella sea del todo aceptado….” , concluyendo la argumentación relativa a Paula en el último párrafo del fundamento jurídico primero que “….finalmente la testifical de Paula fue clara y precisa, lógicamente debido a la sencillez del acto que en su día relatara, coincide con lo que manifestó Esperanza sobre el suceso y en el que no ha habido contradicción alguna, siendo refrendada su validez esencial por el informe del equipo técnico….” .

FCO CUARTO.- La argumentación del Tribunal de instancia, no satisface las exigencias necesarias para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia del recurrente, y en consecuencia para justificar su condena.

Las pruebas tenidas en cuenta, fundamentalmente las declaraciones de ambas mujeres, Esperanza y Paula, en el concreto contexto en que se produjeron los hechos no patentizan un consentimiento esencialmente viciado.

Los hechos han sido calificados como constitutivos de dos delitos de abuso sexual del art. 181-1º y 2º, -uno por cada mujer, siendo continuado el referente a Esperanza-.

Hay que partir del dato de que en el abuso sexual, al encontrarse ausente -por definición- toda violencia o intimidación sobre la víctima, ésta consiente y acepta la relación si bien dicho consentimiento está radicalmente viciado por existir una significativa minusvalía mental que se proyecta tanto sobre las facultades intelectivas como sobre las volitivas , por ello la persona afectada de tal minusvalía, no puede comprender la naturaleza del acto sexual ni sus consecuencias, y en relación a la voluntad, carece de la capacidad de decisión, o lo que es lo mismo, no puede autodeterminarse en materia sexual.

Desde este presupuesto, verificamos en este control casacional que en lo referente a Esperanza, el propio hecho probado de la sentencia dice textualmente:

“…. Esperanza se encuentra afectada por un retraso mental ligero, que merma sensiblemente su capacidad para decidir aunque con conocimiento del sentido de las relaciones sexuales, sin que se encuentre impedida para tenerlas ni para decidir con que persona las mantiene. Su enfermedad le hace influenciable fácilmente….”.

Es obvio que para el delito de abuso sexual el déficit intelecto-volitivo de la víctima debe de proyectarse necesariamente sobre la significación del acto sexual y sobre su capacidad de decidir, por lo tanto, la existencia de un retraso mental no tiene porqué incidir y afectar a la sexualidad en el doble sentido expuesto.

Más aún, como se recuerda en la STS 1035/2010 de 27 de Octubre, en un caso del todo semejante al actual ya se dijo que “el retraso mental no es incompatible con la capacidad de autodeterminación sexual”. En el mismo sentido STS 583/1999.

Pues bien, en el presente caso es el propio juicio de certeza alcanzado por el Tribunal sentenciador y descrito en el hecho probado, el que nos dice que Esperanza -mayor de edad-, no obstante su ligero retraso mental, conoce el sentido de las relaciones sexuales y tiene capacidad para decidir con que persona las mantiene.

En esta situación es forzoso concluir que no ha existido ni conocimiento ni voluntad viciada, y por lo tanto no puede serle efectuado ningún reproche penal.

No existe prueba de cargo capaz de provocar el derecho a la presunción de inocencia debiendo ser absuelto del delito del que ha sido condenado en relación a Esperanza, y todo ello se insiste, desde el respeto al hecho probado.

En relación a Paula, -nacida el NUM001 de 1980, y por tanto de 31 años de edad cuando ocurrieron los hechos-, se llega a la misma conclusión. Se nos dice en el hecho probado que “….el acusado tocó a Paula el culo con ánimo lúbrico, en presencia de Esperanza….”.

Y se añade que Paula está afectada de un retraso moderado pero se dice: que tiene conocimiento del sentido de las relaciones sexuales y que al igual que Esperanza tiene capacidad para decidir con qué persona las mantiene.

Es decir, la situación de Paula en relación a la sexualidad es del todo semejante, tanto en lo referente a la significación de tal actividad como a la decisión de mantenerlas.

El hecho probado recoge un hecho aislado y episódico “tocó el culo” sin que se diga si consintió, si hubo oposición o si medió sorpresa por parte del recurrente, evidentemente este interrogante debe ser resuelto con aplicación del principio de in dubio pro reo en su proyección sobre la valoración de la prueba.

En esta situación, debemos concluir, igualmente que no se dan los elementos del delito de abusos sexuales por el que ha sido condenado, y al igual que en el caso de Esperanza, desde el respeto al hecho probado.

Procede la estimación del motivo, lo que hace innecesario pasar al estudio del segundo motivo.

Fuente: http://www.otrosi.net

 

Delito de estafa con la agravante de abuso de confianza del artículo 248 en relación con el artículo 250.1. 6º del Código Penal. Concurrencia de los elementos del tipo, al haberse prevalido de la especial vulnerabilidad de la víctima derivada de su estado físico-psíquico de víctima, creando una ficticia situación de ayuda y auxilio desinteresado que conllevó finalmente que les entregase las llaves de su vivienda, traspaso de fondos aún sin perder su disponibilidad, designación como beneficiarios del seguro suscrito así como la disposición del dinero de sus cuentas bancarias.

30 Ene, 2017.- La jurisprudencia de esta Sala, en los casos de incapaces parciales, es decir, cuando no concurre una incapacidad formal, legalmente declarada, ha incardinado los hechos en el delito de estafa, precisamente por tratarse de personas a las que se debe convencer acerca de la necesidad de desplegar un comportamiento, efecto del error, que les induzca a disponer en su perjuicio. En este caso, la creación de esa apariencia reside precisamente el engaño, en cuanto que la voluntad de aquél se manipuló, aprovechando su especial vulnerabilidad derivada de su estado físico-psíquico. Queda claro el engaño típico, como falsa apariencia de que lo que se pretendía era auxiliar a la víctima en las labores de administración, si bien con el propósito de ilícito enriquecimiento al que alude el relato de hechos probados.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 7 de diciembre de 2016, Recurso Nº: 428/2016. Ponente: Excmo. Sr. D. Ana María Ferrer García.

FCO CUARTO.- (…) El segundo motivo de recurso invoca el artículo 849.1 LECrim para denunciar indebida aplicación del artículo 248 CP. Denuncia el error de la inferencia respecto a la existencia de ánimo defraudatorio por parte del recurrente. Dice que los movimientos bancarios, la autorización y los poderes que el anciano otorgó a favor del acusado apoyan una deducción contraria a la que alcanzó la Sala sentenciadora, en cuanto que son exponente de la voluntad libremente formada de aquél. Así podría entenderse “formalmente” indica el recurso.

Sin embargo, en la creación de esa apariencia reside precisamente el engaño, en cuanto que la voluntad de aquél se manipuló, aprovechando su especial vulnerabilidad derivada de su estado físico-psíquico. Queda claro el engaño típico, como falsa apariencia de que lo que se pretendía era auxiliar a D. Carlos Miguel en las labores de administración, si bien con el propósito de ilícito enriquecimiento al que alude el relato de hechos probados.

El caso ahora analizado nos reconduce a un tema que ha suscitado cierta polémica en la doctrina, la estafa respecto de víctimas incapaces. En el derecho comparado existen ordenamientos, como el italiano o el francés, en los que, al considerar que los afectados en estos casos no están capacitados para disponer y por ello no puede configurarse la estafa como un acto de disposición fruto de un engaño, se establecen tipos especiales de abuso de incapaces.

La jurisprudencia de esta Sala, en los casos de incapaces parciales, es decir cuando no concurre una incapacidad formal, legalmente declarada, ha incardinado los hechos en el delito de estafa, precisamente por tratarse de personas a las que se debe convencer acerca de la necesidad de desplegar un comportamiento, efecto del error, que les induzca a disponer en su perjuicio. En este sentido se pronunciaron las SSTS 1185/2009 de 2 de diciembre, la 1128/2000 de 26 de junio, en un supuesto de fragilidad mental del engañado o la 1469/2000 de 29 de septiembre, que contemplaba la hipótesis de un anciano enfermo y mentalmente incapacitado.

(…) La doctrina de esta Sala ha considerado como engaño “bastante” a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto (STS 634/2000 de 26 de junio).

En el supuesto que nos ocupa, como explicó la Sala sentenciadora en su fundamento de derecho segundo, “el engaño precisamente consistió en el auxilio y ayuda que desinteresadamente se ofrecieron a prestarle los acusados acompañando al Sr. Carlos Miguel a las entidades bancarias, y a la localidad de d’Ordís para poder ir a su casa y ante aquel altruismo no hizo sospechar nada anómalo en él”.

Este engaño movió al Sr. Carlos Miguel a entregar las llaves de su casa, a traspasar fondos aun sin perder de momento su disponibilidad, a designar al recurrente como beneficiario de la póliza de prima única que suscribió, y finalmente a extraer de sus cuentas 4.200€ que los acusados hicieron suyos. Si bien en el caso de la entrega de las llaves solo se cedió un derecho de uso, y con la constitución de la póliza de prima única la efectiva disposición no llegó a materializarse, no puede decirse lo mismo de las dos disposiciones de efectivo que se hicieron los días 15 y 16 de abril, una vez conocida la sentencia que declaró incapaz al anciano. En consecuencia, el relato de hechos probados que nos vincula en el análisis que se nos reclama por vía del artículo 849.1 LECrim, integra los elementos que el delito de estafa exige: el engaño, los actos de disposición, el nexo causal entre ellos y consiguiente el perjuicio.

http://www.otrosi.net

 

Delito de malos tratos en el ámbito familiar del artículo 153.1 del Código Penal. Inaplicación de la pena agravada prevista en el apartado 3 del artículo 153 por no constituir el inmueble donde se produjeron los hechos el domicilio de la víctima ni siquiera transitorio u ocasional, sino una segunda vivienda propiedad de sus progenitores.

05 Dic, 2016.- Se extrae de la sentencia que el lugar donde ocurrieron los hechos no era el lugar de residencia habitual de la víctima, sino una casa de campo que pertenecía a sus padres y a la que acudían esporádicamente por lo que debe excluirse del ámbito de la aplicación agravada del delito los malos tratos ocurridos en un inmueble que, aún siendo propiedad de la víctima o de sus familiares, no constituye su domicilio, ni siquiera transitorio, o en un lugar de estancia meramente esporádico o puntual.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 18 de noviembre de 2016, Recurso Nº: 481/2016. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

FCO CUARTO.- El tercer motivo acude al art. 849.1 LECrim para denunciar indebida aplicación del art. 153.3 CP. Se combina el argumento jurídico con un intento de modificar el hecho probado (art. 849.2º). La vivienda donde se cometió el hecho no era el domicilio de la víctima y por lo tanto no procedía la apreciación del subtipo agravado previsto en tal precepto, sostiene el recurso.

Con diversos documentos (básicamente las reseñas iniciales consignadas en sus declaraciones) se pretende demostrar que no se trataba del domicilio de la víctima. En realidad no es necesaria la mutación del hecho probado. De la propia sentencia se desprende que no era el lugar de residencia habitual de la víctima. Era una casa en el campo que pertenecía a sus padres y que solo esporádicamente era ocupada. En las manifestaciones en el juicio oral se habla de que hacía unos tres años que no habían estado en ese inmueble. De hecho, la víctima carecía de llaves de la verja exterior. Para llegar a esa conclusión no es necesario alterar el factum en el que no solo no se expresa que tal casa fuese el domicilio de la víctima, sino que además hay base para inferir otra cosa.

El problema, así delimitado y una vez efectuada esa precisión que se pueda deducir de la sentencia, es netamente jurídico.

El motivo merece ser estimado.

El art. 153.3 habla del domicilio de la víctima. Con esa agravación se presta una tutela reforzada al ámbito de privacidad de la víctima sancionando de forma más rigurosa el plus de antijuridicidad y victimización que supone que el ataque o la agresión se lleve a cabo en el espacio de privacidad de la víctima, en el lugar donde desarrolla su vida cotidiana, en su más señalado reducto de intimidad.

Han de excluirse del ámbito de la agravación por razones tanto teleológicas como estrictamente literales los supuestos en que el maltrato se lleva a cabo en un inmueble que, siendo propiedad de víctima o familiares, no constituye su domicilio ni siquiera transitorio o de temporada; o en un lugar de estancia meramente esporádica o puntual (la habitación del hotel, v. gr.). No es que se quiera administrativizar el concepto de domicilio del art. 153.3, (vid. STS 731/2013, de 7 de octubre ); pero sí exigir que estemos ante un lugar de desarrollo más o menos estable de la propia vida personal.

Fuente: http://www.otrosi.net

 

Delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas del terrorismo a través de una cuenta en la red social Twitter. La humillación o desprecio a las víctimas afecta directamente a su honor y dignidad de modo que no puede servir de cobertura a la impune realización de actos o exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto de desprecio hacia las víctimas de terrorismo el actuar amparado bajo el ejercicio de la libertad ideológica o libertad de expresión.

Delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas del terrorismo a través de una cuenta en la red social Twitter. La humillación o desprecio a las víctimas afecta directamente a su honor y dignidad de modo que no puede servir de cobertura a la impune realización de actos o exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto de desprecio hacia las víctimas de terrorismo el actuar amparado bajo el ejercicio de la libertad ideológica o libertad de expresión

25 Jul, 2016.- No se trata de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas sino que se trata de perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal. El precepto viene a sancionar como delito dos conductas claramente diferenciables, ambas relacionadas con el terrorismo: por un lado, el enaltecimiento o justificación del terrorismo o sus autores; por otro, la realización de actos en desprecio, descrédito o humillación de las víctimas de delitos terroristas, figura ésta que cuenta con perfiles propios, definidos y distintos de la anterior.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 13 de julio de 2016, Recurso Nº: 291/2016. Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Artemio Sánchez Melgar.

FCO TERCERO.- El castigo del enaltecimiento del terrorismo persigue la justa interdicción de lo que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v.gr. SSTEDH de 8 de julio de 1999, Sürek vs. Turquía , y de 4 de Diciembre de 2003, Müslüm vs. Turquía), como nuestro Tribunal Constitucional (STC 235/2007, de 7 de noviembre) y esta misma Sala (STS 812/2011, de 21 de julio) vienen denominando en sintonía con una arraigada tendencia de política criminal «discurso del odio»: alabanza o justificación de acciones terroristas. Comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión (art. 20 CE) o la libertad ideológica (art. 16 CE), pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre; su discurso se basa “en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y, en definitiva, en generar un terror colectivo que sea el medio con el que conseguir esas finalidades” (STS 224/2010, de 3 de marzo). Como destaca la STS 676/2009, de 5 de junio, no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democrático establecido.

También hemos dicho en nuestra STS 846/2015, de 30 de diciembre, que la humillación o desprecio a las víctimas, por su parte, afecta directamente, a su honor y, en definitiva, a su dignidad, (arts. 18.1 y 10 CE) perpetuando su victimización que es como actualizada o renovada a través de esa conducta. Tampoco la libertad ideológica o de expresión, pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación. No es superfluo que estas libertades sean enunciadas en el propio texto constitucional con referencia a sus límites. Así, el amplio espacio del que se dota a la libertad ideológica no tiene “más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley” (art. 16.1 CE); mientras que la libertad de expresión encuentra su frontera “en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” (art. 20.4 CE). Como dirá la STS 539/2008, de 23 de septiembre, determinadas restricciones a la libertad de expresión pueden ser no sólo legítimas, sino hasta necesarias ante conductas que pueden incitar a la violencia o, como sucede en la humillación a las víctimas, provocar un especial impacto sobre quien las sufre en un contexto terrorista.

En el caso de la humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo, el desvalor de la acción que sanciona el art. 578 CP tampoco quedaría totalmente protegido mediante la sola figura de las injurias, siendo así que su contexto -que además justifica un mayor reproche penal- lleva a ubicar esta intromisión, entre los delitos de terrorismo.

No se trata de modo alguno de penalizar el humor negro, simplemente de comprobar si las expresiones que se difunden por la acusada pueden ser constitutivas de una ofensa, o una burla, en suma, de una humillación, a quien ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Llevada a cabo esa comprobación en sentido afirmativo nos corresponde aplicar la respuesta penal que ofrece el Código Penal en represión de una acción típicamente antijurídica y culpable, esto es, de un delito.

http://www.otrosi.net

 

Custodia compartida. Se revoca la custodia compartida a un padre, dado la conducta de “falta total de respecto” que mantenía con la madre.

Custodia compartida. Se revoca la custodia compartida a un padre, dado la conducta de “falta total de respecto” que mantenía con la madre

13 Jun, 2016.- Se estima el recurso de casación y se deja sin efecto la custodia compartida, dado que se incoó contra el padre un procedimiento abreviado por delito de coacciones a la madre, unido a que el padre mantiene con la madre una relación de falta total de respeto, incluso abusiva y dominante.

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2016. Recurso nº 2410/2015. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas.

QUINTO.- Respuesta de la Sala.

Se estiman los motivos, que se analizan conjuntamente.

Procede denegar las causas de inadmisibilidad alegadas por el recurrido, dado que no se pretende una reevaluación de las pruebas practicadas, sino el análisis de la sentencia recurrida en relación con la pretendida infracción de los preceptos invocados y, esencialmente, si se ha respetado o no el interés del menor.

Esta Sala debe recordar, como hizo en la sentencia de 4 de febrero de 2016; rec. 3016 de 2014 que:

«El art. 2 de la LO 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, exige que la vida y desarrollo del menor se desarrolle en un entorno “libre de violencia ” y que “en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”; criterios que aun expresados en una ley posterior a la demanda, incorpora los que esta Sala ha tenido reiteradamente en cuenta a la hora de integrar el interés del menor.»

Corolario lógico es lo dispuesto en el artículo 92.7 del Código Civil, según el cual, no procederá la guarda y custodia conjunta cuando cualquiera de los padres está incurso en un proceso penal incoado por atentar contra la vida física, la libertad, la integridad moral o la libertad o indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de los padres y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica».

Igualmente en reiteradas sentencias, entre otras la sentencia de 11 de febrero de 2016; rec. 326 de 2015, hemos declarado que:

«Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en los litigantes, al no constar lo contrario».

Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.

«Igualmente en las decisiones jurisdiccionales en esta materia debe primar el interés del menor. El concepto de interés del menor, ha sido desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no aplicable por su fecha a los presentes hechos, pero sí extrapolable como canon hermenéutico, en el sentido de que “se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares”, se protegerá “la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y afectivas”; se ponderará “el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo”; “la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten…” y a que “la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara”».

En el caso de autos consta un auto de incoación de procedimiento abreviado (no firme) en el que se concretan los indicios existentes de un delito de violencia doméstica, unido a que en la propia sentencia recurrida se declara que «pues si bien es cierto que el padre mantiene con la madre una relación de falta total de respeto, incluso abusiva y dominante, ello no es relevante para determinar la guarda y custodia compartida».

Partiendo de delito sometido a enjuiciamiento y de las actitudes del padre, ejerciendo una posición irrespetuosa de abuso y dominación, es impensable que pueda llevarse a buen puerto un sistema de custodia compartida que exige, como la jurisprudencia refiere, un mínimo de respeto y actitud colaborativa, que en este caso brilla por su ausencia, por lo que procede casar la sentencia por infracción de la doctrina jurisprudencial, dado que la referida conducta del padre, que se considera probada en la sentencia recurrida, desaconseja un régimen de custodia compartida, pues afectaría negativamente al interés del menor, quien requiere un sistema de convivencia pacífico y estable emocionalmente.

Estimando el recurso de casación, esta Sala atribuye la custodia del menor a la madre, debiendo el juzgado determinar el sistema de visitas, alimentos, gastos y medidas derivadas, en ejecución de sentencia, al cual deberá aportar la recurrente el auto de incoación de procedimiento abreviado y el informe forense al que nos hemos referido. “

http://www.otrosi.net

 

Sentencia Jiménez Losantos contra España (demanda nº 53421/10). El Tribunal considera que la pena impuesta por un delito continuado de injurias graves con publicidad es incompatible con libertad de expresión que garantiza el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el efecto disuasorio que la misma puede provocar en el resto de los profesionales del sector.

Sentencia Jiménez Losantos contra España (demanda nº 53421/10). El Tribunal considera que la pena impuesta por un delito continuado de injurias graves con publicidad es incompatible con libertad de expresión que garantiza el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el efecto disuasorio que la misma puede provocar en el resto de los profesionales del sector

20 Jun, 2016.- El Tribunal pone de manifiesto que la crítica política emitida por el demandante partía de una base fáctica inicial, a saber las declaraciones del alcalde en cuestión, poniendo de manifiesto su opinión al respecto. Concluye que se trataban de expresiones de opinión y juicios de valor sobre los objetivos políticos del alcalde en el momento en que se realizaron las declaraciones en cuestión.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jiménez Losantos contra España (demanda nº 53421/10) de 14 de junio de 2016.

El Tribunal estima que ciertas expresiones pueden ser consideradas graves y provocadoras así como que otras están destinadas a captar la atención del público.

Que si bien es cierto que las expresiones graves empleadas por el demandante son criticables desde un punto de vista deontológico a ojos del Tribunal no pueden ser consideradas como deliberadamente falsas sino más bien una licencia periodística, que incluye el uso de cierta dosis de exageración e incluso de provocación.

El Tribunal considera que la imposición de una multa a razón de una cuota de 100 euros/día durante 12 meses con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal no es compatible con la libertad de expresión que garantiza el artículo 10 del Convenio, dado que dicha pena puede producir un efecto disuasorio para el resto de los profesionales de los medios de comunicación.

http://www.otrosi.net

 

Delito de lesiones por agresión de pandilla juvenil a miembros más jóvenes de otra. Aplicación de la teoría del dominio funcional del hecho de modo que cada autor actúa y deja actuar a los demás, de manera que lo que hace uno puede ser imputado a los demás, al realizar todos coetáneamente los elementos del tipo penal de que se trate. Asimismo, es necesario que cada individuo aporte una contribución objetiva y causal para la producción del hecho típico querido por todos.

Delito de lesiones por agresión de pandilla juvenil a miembros más jóvenes de otra. Aplicación de la teoría del dominio funcional del hecho de modo que cada autor actúa y deja actuar a los demás, de manera que lo que hace uno puede ser imputado a los demás, al realizar todos coetáneamente los elementos del tipo penal de que se trate. Asimismo, es necesario que cada individuo aporte una contribución objetiva y causal para la producción del hecho típico querido por todos

27 Jun, 2016.- Del análisis de la prueba que se ha ido efectuando en torno a la autoría en las lesiones, se ha justificado la coautoría entre los tres acusados no por una autoría directa, sino por aplicación de la teoría del dominio funcional del hecho, no constando acreditado que alguno de ellos fuera el autor directo de la lesión ocular, debe analizarse en estos casos si el dolo genérico del “animus laedendi” abarca el resultado producido.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 13 de junio de 2016, Recurso Nº: 1867/2015. Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer.

FCO NOVENO.- En el fundamento de derecho tercero -fo 12 a 14- explica las razones para aplicar a los tres acusados la coautoría por el dominio funcional del hecho, citando sentencias de esta Sala Segunda que aplican la coautoría por dominio funcional del hecho en hechos semejantes (SSTS no 575/2012, de 7 de julio, de 14 de julio de 2010 , de 22 de diciembre de 2010 y 251/2004, de 26 de febrero ). Afirma que más que de responsabilidades individuales sumadas cabe hablar de una responsabilidad por la totalidad del hecho.

Así pues, se ha justificado la coautoría entre los tres acusados no por una autoría directa, sino por aplicación de la teoría del dominio funcional del hecho, no constando acreditado que alguno de ellos fuera el autor directo de la lesión ocular. Considera el Tribunal que está sobradamente acreditado que todos ellos tenían ánimo de lesionar por su participación en los hechos, pero no se ha constatado la forma en que golpeaban, ni el lugar exacto de sus golpes y por ello sí tenían el dominio funcional en el resultado tan lesivo que se produjo (de ahí que considere el resultado de la pérdida del ojo del lesionado Florian imputable a título de imprudencia, aludiendo a la STS de 6 de febrero de 2013 ).

La coautoría por dominio funcional del hecho, es acogida reiteradamente por la jurisprudencia de la Sala Segunda del T.S, en casos similares al que nos ocupa. En la Sentencia 768/2008, de 21 de noviembre, se consideró como tal la actuación de tres acusados que golpean a la víctima en la cara y en la cabeza junto con un tercero que le pinchaba y le seccionaba parcialmente el tendón de Aquiles. En la STS 703/2013, de 8 de octubre, aunque el recurrente no participó de forma directa en la causación de las lesiones a la víctima, la acción de aquél en el traslado de los agresores y posterior huida en su vehículo, con las armas e instrumentos peligrosos visibles, reforzó la acción de los autores materiales, siendo determinante para que éstos pudieran llevar a cabo su propósito eventualmente letal (se remite a su vez a la STS 413/2006, de 13 de abril). En el supuesto contemplado en el Auto TS 1266/2005, de 14 de julio , lo aplica en el disparo que causa la muerte de una persona realizado por parte de otro sujeto interviniente (un menor). El Auto del TS 1682/2004, de 16 de diciembre, en el disparo por parte de uno de los intervinientes en el atraco a un supermercado con intención de acabar con la vida del encargado.

http://www.otrosi.net

 

Delito de abuso sexual a un menor de trece años de edad mediante webcam. El hecho de que no medie contacto físico entre el agresor y la víctima no impide la aplicación del artículo 183.1 del Código Penal y ello porque las nuevas formas de comunicación han introducido modelos de interrelación en los que la distancia geográfica ha dejado paso a una cercanía virtual, un realismo hasta ahora inimaginable, de modo que queda afectado el bien jurídico protegido.

25 Abr, 2016.- El intercambio de imágenes de claro contenido sexual, obligando a un menor a enviar fotografías que atentaban contra su indemnidad sexual, la obtención de grabaciones con inequívocos actos sexuales ejecutados por menores de edad son sólo algunos ejemplos en los cuales esta Sala ha considerado que el ataque a la indemnidad sexual del menor de edad puede producirse sin esa contigüidad física que, hasta hace pocos años, era presupuesto indispensable para la tipicidad de conductas de agresiones o abusos sexuales a menores.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 12 de abril de 2016, Recurso Nº: 1229/2015. Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

FCO PRIMERO.- Son muchos los precedentes de esta Sala en los que la aplicación del art. 183 del CP no se ha visto obstaculizada por el hecho de que no mediara contacto físico entre agresor y víctima. Y no sólo en aquellos casos en los que la ausencia de relación física está ligada al escenario telemático en el que se desarrolla el abuso. Así, por ejemplo, en la STS 1397/2009, 29 de diciembre, decíamos que “… el delito de agresión sexual del art. 178 se consuma atentando contra la libertad sexual de otra persona sin que se exija que el sujeto necesariamente toque o manosee a su víctima. (…). Que la satisfacción sexual la obtenga (el acusado) tocando el cuerpo de la víctima o contemplándola desnuda mientras se masturba es indiferente para integrar para ello lo que es en ambos casos un comportamiento de indudable contenido sexual.”

Pero más allá de aquellos supuestos en los que la falta de contacto físico se produce en un contexto de proximidad entre agresor y víctima, las nuevas formas de comunicación introducen inéditos modelos de interrelación en los que la distancia geográfica deja paso a una cercanía virtual en la que la afectación del bien jurídico, no es que sea posible, sino que puede llegar a desarrollarse con un realismo hasta ahora inimaginable. El intercambio de imágenes de claro contenido sexual, obligando a un menor a enviar fotografías que atentaban contra su indemnidad sexual (ATS 1474/2014, 18 de septiembre), la obtención de grabaciones con inequívocos actos sexuales ejecutados por menores de edad (STS 864/2015, 10 de diciembre), la introducción anal y vaginal de objetos por parte de dos niñas, inducidas por su propia madre para su observación por un tercero a través de Internet (STS 786/2015, 4 de diciembre), son sólo algunos ejemplos bien recientes de resoluciones de esta Sala en las que hemos considerado que el ataque a la indemnidad sexual del menor de edad puede producirse sin esa contigüidad física que, hasta hace pocos años, era presupuesto indispensable para la tipicidad de conductas de agresiones o abusos sexuales a menores.

Fuente: http://www.otrosi.net

 

Delito de prostitución y corrupción de menores. Grabación con cámara oculta en el domicilio del presunto agresor. Inexistencia de vulneración del derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la Constitución Española. Frente al derecho a la intimidad aparece la necesidad de la investigación penal para proteger otros bienes como la integridad física o la indemnidad o libertad sexual, especialmente si se trata de menores.

Delito de prostitución y corrupción de menores. Grabación con cámara oculta en el domicilio del presunto agresor. Inexistencia de vulneración del derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la Constitución Española. Frente al derecho a la intimidad aparece la necesidad de la investigación penal para proteger otros bienes como la integridad física o la indemnidad o libertad sexual, especialmente si se trata de menores

04 Abr, 2016.- La jurisprudencia constitucional no permite afirmar que la utilización de una cámara oculta conlleve, siempre y en todo caso, una vulneración de los principios y derechos que convergen en el proceso penal. La conclusión sobre la licitud o exclusión de la prueba solo puede ser el desenlace de un riguroso juicio de ponderación entre los derechos a la intimidad y a la propia imagen y la posible existencia de un fin legítimo, atendiendo siempre a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad y solo entonces se podrá proclamar la legitimidad del sacrificio de aquellos derechos o su exclusión como fuente de prueba por su irreparable ilicitud. No obstante, en el presente caso no se decide acerca del contenido de la grabación, pues no es una prueba que el Tribunal haya valorado debido a que ninguna de las partes propuso el visionado y su contenido no fue introducido de otra forma en el plenario.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 10 de marzo de 2016, Recurso Nº: 10758/2015. Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

FCO PRIMERO.- En la STS nº 793/2013, de 28 de octubre , citada en la sentencia impugnada, se decía sobre este particular que Es cierto que la jurisprudencia constitucional, a partir de la STC 12/2012, 30 de enero, cuya doctrina se ha visto reiterada en las SSTC 24/2012, 27 de febrero y 74/2012, 16 de abril, ha fijado importantes limitaciones al uso de la cámara oculta como medio de obtención inconsentida de imágenes y sonidos que luego son objeto de difusión en algún medio de comunicación , pero aclara, más adelante, que La lectura detenida de las tres sentencias que condensan la doctrina constitucional pone de manifiesto que su objeto nada tiene que ver con una hipotética prohibición absoluta y excluyente de un determinado medio de prueba en el proceso penal. Lo que la STC 12/2012 proclama es la prevalencia, en esos casos concretos, de los derechos a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE) frente a la libertad de información (art. 20.1.d) CE). La utilización de un mecanismo técnico de grabación de la imagen y del sonido, para su ulterior difusión en un medio de comunicación, puede entrañar una irreparable lesión de derechos personalísimos del entrevistado que, desconocedor de que su imagen y sus palabras están siendo grabadas clandestinamente, llega a conducirse con un grado de espontaneidad que no ofrecería si conociera el verdadero propósito que anima a su interlocutor. De ahí que el Tribunal Constitucional, en sintonía con la jurisprudencia del TEDH, en el juicio de ponderación de los derechos en conflicto y en el momento de decidir cuál de ellos ha de ser sacrificado, opte por desplazar el derecho a la información frente a los derechos a la intimidad y a la propia imagen del afectado, para resaltar, a continuación que la necesaria ponderación entre los bienes en conflicto no necesariamente conduce al mismo resultado si la cuestión se plantea en el ámbito del proceso penal.

Pues, efectivamente, en este marco la naturaleza de la cuestión puede ser otra cuando frente al derecho a la intimidad aparece la necesidad de la investigación penal para proteger otros bienes como la integridad física o la indemnidad o libertad sexual, especialmente si se trata de menores.

Y continuaba razonando esta Sala que La jurisprudencia constitucional no permite afirmar que, a partir de la sentencia 12/2012, 30 de enero, la utilización de una cámara oculta conlleve, siempre y en todo caso, una vulneración de los principios y derechos que convergen en el proceso penal. La conclusión acerca de la licitud o exclusión de esa prueba sólo puede ser el desenlace lógico de un riguroso juicio de ponderación entre los derechos a la intimidad y a la propia imagen y la posible existencia de un fin legítimo, atendiendo siempre a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad. Sólo entonces, después de hacer explícitas las razones y criterios que han presidido la tarea ponderativa, se estará en condiciones de proclamar la legitimidad del sacrifico de aquellos derechos o, por el contrario, su exclusión como fuente de prueba por su irreparable ilicitud. Son perfectamente imaginables supuestos en los que esas imágenes, por su propio contenido, por el lugar en el que han sido captadas, por el contexto en el que se ha desarrollado la entrevista, por el papel asumido por sus protagonistas y, en fin, por la escasa gravedad del hecho cuya prueba se pretende garantizar, puedan justificar su rechazo. Sin embargo, no faltarán otros en los que el examen en el proceso penal de esas imágenes grabadas, con el consiguiente sacrificio del derecho a la intimidad del interlocutor, estará más que justificado. Optar por una u otra solución y motivar las razones que explican la decisión jurisdiccional es una exigencia de nuestro sistema constitucional.

No obstante, en la sentencia impugnada se advertía inmediatamente que en el supuesto enjuiciado no se está en el caso de tener que adoptar una decisión acerca del contenido y alcance de las imágenes grabadas por la testigo protegida nº NUM002, pues no constituyen prueba que el Tribunal haya valorado, aclarando que ninguna de las partes propuso el visionado y su contenido no fue introducido de otra forma en el plenario.

Fuente: http://otrosi.net