Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nula la DUI.

27 Nov, 2017.- Recurso de inconstitucionalidad 4386-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada “de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. Soberanía nacional, monarquía parlamentaria, unidad de la Nación y derecho a la autonomía, supremacía de la Constitución: nulidad de la Ley autonómica que pretende “dar forma jurídica, de forma transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo estado” resultante de la declaración unilateral de independencia por el Parlamento de Cataluña (STC 114/2017). Pleno.

STC 124/2017, de 8 de noviembre de 2017.

FJ5 .- La ley recurrida, utilizando, el mismo razonamiento que hemos empleado en la STC 114/2017 (FJ 5) ante infracciones constitucionales sustancialmente idénticas imputadas a la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, es, con toda evidencia, inconstitucional y lo es en su conjunto al contrariar, de modo explícito, principios esenciales e indisociables de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña (arts. 1.2, 2 y 9.1 CE).

a) La Ley contradice, en primer lugar, la supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), pues «[n]ingún poder constituido puede pretender situarse por encima de la norma fundamental, como por su sola voluntad afirma el Parlamento autonómico en un ‘abierto y expreso desafío a la fuerza de obligar de la Constitución o del ordenamiento que sobre ella se levanta (STC 128/2016, de 7 de julio, FJ 5, STC 114/2017, FJ 5 A). Así acontece cuando la Ley predica de sí misma su condición de «norma suprema del ordenamiento jurídico catalán» (art. 3), ordenamiento que, como ya hemos señalado, pretende suplantar el orden constitucional y estatutario vigente.

En consecuencia, con tal declaración es la propia Ley la que dispone a su arbitrio la inaplicación o aplicación, según se opongan o no a sus dictados, de las normas estatales –incluidas la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña–, autonómicas y locales vigentes en el momento de su entrada en vigor, llegando incluso a degradar al rango de ley ordinaria los artículos de las leyes orgánicas, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución que no se han incorporado a su contenido, siempre que no la contravengan (arts. 10 y 13). Es evidente que el legislador autonómico, al atribuirle la condición de «norma suprema», situándola por encima de la Constitución, «ha olvidado “la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente formalizado en la Constitución y la actuación de los poderes públicos constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél”» [STC 114/2017, FJ 5 A) y jurisprudencia allí citada].

Asimismo, al haber desconocido la fuerza vinculante de la Constitución, el legislador ha ignorado igualmente su sujeción al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que de aquélla trae causa (art. 147.1 CE), y que es fundamento inmediato de las potestades del Parlamento que ha aprobado la Ley. El autogobierno de Cataluña, constituida en Comunidad Autónoma, ha de realizarse «de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica» (art. 1 EAC) y los poderes de la Generalitat, de la que el Parlamento forma parte, «emanan del pueblo de Cataluña» y, consecuentemente, han de ejercerse también «de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución» (arts. 2.1 y 4 EAC) [ibidem].

b) El artículo 2 de la Ley impugnada, sobre el que se asienta la supremacía que pretende para sí misma, dispone, en abierta contradicción con el artículo 1.2 CE, que «[la soberanía de Cataluña reside en el pueblo de Cataluña, y en Arán en el pueblo aranés, de los que emanan todos los poderes del Estado». Como este Tribunal tiene declarado, y hemos de insistir una vez más ante planteamientos que postulan la condición de soberanas de nacionalidades o regiones constituidas en Comunidades Autónomas que integran el Estado (art. 2), «la Constitución misma es fruto de la determinación de la nación soberana por medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan, por ello, los poderes del Estado (art. 1.2 CE)», concebido este «como el conjunto de instituciones y órganos que ejercen, en todo el territorio, poder público y en el que se integran las Comunidades Autónomas» [STC 259/2015, FJ 4 a) y jurisprudencia allí citada].

El artículo 1.2 CE, precepto «base de todo nuestro ordenamiento jurídico» (STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3), atribuye, por tanto y con carácter exclusivo, la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español, unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento jurídico y origen de cualquier poder político (SSTC 12/2008, de 29 de enero, FJ 4; 13/2009, de 29 de enero, FJ 16). Si en el actual ordenamiento constitucional solo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva, ningún otro sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede pretender, declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional. Un acto de ese órgano o de un pueblo o de los ciudadanos de una Comunidad Autónoma que pretenda tal disposición o quebranto no puede dejar de suponer «una simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside en el conjunto del pueblo español» [SSTC 42/2004, de 25 de marzo, FJ 3; 259/2015, FJ 4 a), y 90/2017, de 5 de julio, FJ 6 a)].

El pueblo de Cataluña, como ya hemos dicho, y lo mismo vale para el pueblo aranés, «no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación [española] constituida en Estado» (STC 42/2014, FJ 3), ni es «un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional» (STC 259/2015, FJ 3), ni, en fin, los ciudadanos de Cataluña pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como «la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fuente de la Constitución y del Ordenamiento» [SSTC 12/2008, FJ 10; 259/2015, FJ 3; 90/2017, FJ 6 a), y 114/2017, FJ 5 B)].

c) La constitución de Cataluña en un Estado independiente (art. 1) es inconciliable con la unidad de la Nación española en la que se fundamenta la Constitución (art. 2 CE). La soberanía de la nación residenciada en el pueblo español «conlleva necesariamente su unidad», como proclama el artículo 2 CE, y esta unidad del sujeto soberano «es fundamento de una Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al propio tiempo, en Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE)». Se trata también de un Estado «único o común para todos y en todo el territorio, sin perjuicio de su articulación compuesta o compleja por obra del reconocimiento constitucional de las autonomías territoriales … a las distintas nacionalidades y regiones que, constituidas en Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, integran España» [STC 259/2015, FJ 4 a); doctrina que reproduce la STC 90/2017, FJ 6 a)]. La atribución de la soberanía nacional al pueblo español (art. 1.2 CE) y la indisoluble unidad de la Nación (art. 2 CE) se contemplan, así pues, junto al reconocimiento y la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2 CE). Este derecho a la autonomía no es ni puede confundirse con la soberanía (SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3; 25/1981, de 14 de julio, FJ 3), no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado.

En este sentido, este Tribunal tiene declarado que, desde el punto de vista jurídico, el artículo 1 EAC define la actual posición de Cataluña en el actual marco constitucional como «nacionalidad, [que] ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». La declaración recogida en el precepto estatutario transcrito predica de Cataluña, «en términos constitucionalmente impecables … cuantos atributos la constituyen en parte integrante del Estado fundado en la Constitución. Una nacionalidad constituida en Comunidad Autónoma y cuya norma institucional básica es su propio Estatuto de Autonomía». De forma que la Comunidad Autónoma de Cataluña «trae causa en Derecho de la Constitución española y, con ella, de la soberanía nacional que proclama el art. 1.2 CE, en cuyo ejercicio, su titular, el pueblo español, se ha dado una Constitución que se dice y quiere fundada en la unidad de la Nación española». No se presenta la Constitución, por lo tanto, como «el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores» a ella, sino como «norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores» [STC 90/2017, FJ 6 a) y jurisprudencia allí citada].

Como con profusión y rotundidad se razona y afirma en la STC 114/2017 [FJ 2 A) b)], para ninguno de los «pueblos de España» (preámbulo CE) existe un «derecho de autodeterminación», entendido «como ‘derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art 1.1 CE)». «Tal “derecho”, con toda evidencia, no está reconocido en la Constitución, ni cabe aducir … que forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados internacionales de los que España es parte (art. 96 CE)», ni tampoco encuentra fundamento en el derecho internacional. Y, en fin, como este Tribunal declara en la mencionada Sentencia, «el respeto a la ‘unidad nacional’, a las ‘estructuras fundamentales políticas y constitucionales’ y a la ‘integridad territorial’ de los Estados miembros son principios que están expresamente proclamados, y con el más alto rango, en el derecho europeo (art. 4.2 del Tratado de la Unión Europea)».

d) Llegado aquí, hemos de recordar una vez más que todos los preceptos de la Constitución son susceptibles de reconsideración y revisión en derecho, pues nuestra Constitución, «como ley superior, no pretende para sí la condición de lex perpetua», ya que admite y regula su revisión total (art. 168 CE y STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7). Así pues, el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el orden constitucional, incluida la reconsideración de la identidad y unidad del titular de la soberanía, es desde luego factible en nuestro Ordenamiento «toda vez que, en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución … no hay límites materiales a la revisión constitucional» [STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4; doctrina que reiteraSTC 90/2017, FJ 6 b)].

Por lo tanto, «[e]s plena la apertura de la norma fundamental a su revisión formal, que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE)» [STC 114/2017, FJ 5 C)]. Hasta este punto es cierta la afirmación de que la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy distinto signo.

En efecto, la Constitución depara la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas, dentro o fuera de las instituciones, de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que «pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica» (SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 12, y 259/2015, FJ 7). Pero la conversión de esos proyectos políticos o cualesquiera otros en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante los procedimientos de reforma constitucional, cuyo observancia «es, siempre y en todo caso, inexcusable» (STC 103/2008, FJ 4). De modo que cuando un poder público pretende alterar el orden constituido de manera unilateral e ignorando los procedimientos de reforma expresamente previstos a tal fin por la Constitución «abandona la única senda que permite llegar a este punto, la del Derecho», con el consiguiente «daño irreparable para la libertad de los ciudadanos» [STC 259/2015, FJ 7, doctrina que reiteran, entre otras, SSTC 90/2017, FJ 6 b) y 114/2017, FJ 5 C)]. Esto último es, precisamente, lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña al aprobar la Ley impugnada. e) La constatada infracción de los artículos 1.2 y 2 CE conlleva también inseparablemente la de los principios constitucionales que configuran nuestro Estado como «de derecho» y «democrático» (art. 1.1 CE).

El Parlamento de Cataluña, al aprobar la ley recurrida, se ha alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español (art. 1.2 CE), ha quebrantado la unidad de la Nación (art. 2 CE) y ha arrumbado «la actual posición institucional, conforme al ordenamiento en vigor, de la Comunidad Autónoma» [STC 52/2017, FJ 8 A)], con la consiguiente vulneración, como también hemos declarado en la STC 114/2017 con ocasión del enjuiciamiento de la Ley del mismo Parlamento 19/2017, «del principio constitucional de autonomía (art. 2 CE) y de las determinaciones basilares del propio Estatuto de Cataluña (arts. 1 y 2 EAC), minando así su inmediata fuente de autoridad» [FJ 5 D)]. Como también dijimos en la citada Sentencia, y hemos de reiterar ahora, la Cámara, al aprobar la Ley objeto de este proceso, con pleno desconocimiento de la lealtad constitucional, «ha deparado … un atentado a la consideración del Estado español –en el que se integra la Comunidad Autónoma de Cataluña– como Estado de derecho y democrático, basado en los principios constitucionales que enuncia el art. 1.1 CE y que son a la vez valores comunes de los Estados miembros de la Unión Europea y en los que ella misma se fundamenta (art. 2 del Tratado de la Unión Europea)». Ha pretendido también «cancelar de hecho en el territorio de la Comunidad Autónoma y para todo el pueblo catalán la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o acomodaran a su nuda voluntad». Al obrar de este modo, la Cámara «se ha situado por completo al margen del derecho», ha dejado «de actuar en el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias propias y ha puesto en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto».

En fin, con tan grave atentado al Estado de derecho, ha conculcado, «con pareja intensidad, el principio democrático, habiendo desconocido el Parlamento que el sometimiento de todos a la Constitución es otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como un poder constituyente del que es titular el pueblo español, no ninguna fracción del mismo», no pudiendo desvincularse en el Estado constitucional «el principio democrático de la primacía incondicional de la Constitución [STC 259/2015, FJ 4b)]» [STC 114/2017, FJ 5 D)].Por consiguiente, por las razones de carácter sustantivo que se acaban de exponer, ha de ser declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley recurrida.

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El tiempo de estancia en prisión preventiva no es computable para sustentar una solicitud de arraigo social.

10 Jul, 2017.- La Sala estima el recurso de apelación y considera acertado el criterio de la Administración, la cual argumenta que no considera razonable computar el lapso de tiempo que ha permanecido en prisión como periodo de tiempo válido, a la hora de hablar de estancia continuada generadora de una situación de arraigo, pues dicha situación no puede valorarse de manera positiva en cuanto a integración en la sociedad española, encontrándose por el contrario más próxima a lo que el Tribunal Supremo ha denominado comportamiento reprobable.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias (Sala de lo Contencioso-administrativo, 2ª) de 30 de marzo de 2017; Nº rec. 281/2016; Nº sent. 75/2017.

SEGUNDO.- En el caso de autos, la solicitud denegada por el acto administrativo impugnada es la solicitud de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social, prevista en el art. 124-2 del RD.557/11, solicitud presentada el día 26 de marzo de 2015, y la naturaleza y contenido de la solicitud resulta de su propio texto, con indicación expresa del tipo de autorización solicitada, antes aludida, y con indicación expresa o cita expresa del art. 124-2 mencionado, como consta al folio 2 de expediente administrativo.

La Administración tuvo en cuenta y motivó de modo expreso acerca de la circunstancia de que el citado art. 124-2 exige, entre otros requisitos, que se acredite la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, argumentándose por parte de la Administración en el acto administrativo impugnado, que habiendo sido detenido el solicitante el día 12 de febrero de 2012, por la comisión de un presunto delito de tráfico de drogas, hechos por los que pasó a la situación de preso preventivo desde la mencionada fecha hasta el día 6 de febrero de 2014, en que fue puesto en libertad provisional, encontrándose en esta última situación a la espera de la celebración de juicio.

Sentado lo precedente, y con base en ello, es el motivo por el que la Administración argumenta que no considera razonable computar el lapso de tiempo que ha permanecido en prisión como periodo de tiempo válido, a la hora de hablar de estancia continuada generadora de una situación de arraigo, pues dicha situación no puede valorarse de manera positiva en cuanto a integración en la sociedad española, encontrándose por el contrario más próxima a lo que el Tribunal Supremo ha denominado comportamiento reprobable.

En consecuencia, habiendo quedado debidamente probado el periodo en que estuvo en prisión preventiva, antes referido, mediante el correspondiente certificado del Subdirector de Régimen del Centro Penitenciario Las Palmas, en el caso de autos no concurre el requisito de la acreditación de la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, en orden a sustentar una solicitud por arraigo social. En efecto, para ello debe tomarse en consideración que la solicitud fue presentada el día 26 de marzo de 2015, habiendo estado en prisión preventiva dos años de los tres años anteriores a la solicitud, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 124-2 RD. 557/11, en relación con el art. 31-3 de la Ley Orgánica 4/2000 , procede confirmar la sentencia que desestimó el recurso interpuesto contra el acto administrativo que denegó la solicitud de autorización de residencia temporal por razones de arraigo , presentada al amparo del art. 124-2 del Real Decreto mencionado, sin que la conclusión a que se ha llegado haya sido desvirtuada con los documentos acompañados, visto el propio contenido de los partes médicos y demás documentos, y tampoco evidentemente por la sentencia de la Sala que acordó suspender la salida obligatoria de España pero desestimó expresamente la pretensión de concesión cautelar de la autorización de residencia en cuestión.

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Un juez de lo Contencioso de Madrid declara discriminatorio que los profesores interinos cesen en verano y vuelvan a ser nombrados en septiembre.

03 Jul, 2017.- Un magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid le ha reconocido a un profesor del Cuerpo de Funcionarios Interinos de la Comunidad de Madrid los derechos a efectos de antigüedad de los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos 2011/12 a 2014/15, al entender que la actuación de la Administración de cesarle el 30 de junio y nombrarle nuevamente en septiembre del mismo año supone una clara situación discriminatoria con respecto a los profesores de carrera, por cuanto ejercen las mismas funciones que éstos y durante los mismos periodos escolares.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, Nº 166/2017, de 30 de mayo de 2017. Ilmo. Sr. D. Jesús Torres Martínez.

FJ 4.- “… El derecho a las vacaciones anuales retribuidas forma parte del núcleo irrenunciable de los derechos propios de un Estado Social, (STC 324/2006). En el ámbito de la función pública dicho derecho lo ha venido reconociendo en el art. 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 así como el artículo 50 de la Ley 5/2015, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que dispone que: “Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor”, vigente en el momento de dictarse la actuación impugnada.

La Directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999 tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada, que figura en el anexo, celebrado el 18 de marzo de 1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general UNICE, CEEP y CEES.

La cláusula 1 de la misma expresa que el objeto del presente Acuerdo marco es: a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación; b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.

En su cláusula 2 se dispone, en cuanto al ámbito subjetivo, que “el presente acuerdo se aplica a los trabajadores con un contrato de duración determinada cuyo contrato o relación laboral este definido por la legislación, los convenios colectivos o las practicas vigentes en cada Estado miembro”.

Asimismo en la cláusula 3 se define al «trabajador con contrato de duración determinada»: el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado.

La cláusula 4 regula el principio de no discriminación, al exigir que no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. Asimismo iguala los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo para los trabajadores con contrato de duración determinada y para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.

La distinción entre personal funcionario y el personal temporal es puramente normativa y fundada en el régimen estatutario de la función pública que aparece como un sistema configurado legal y reglamentariamente y precisamente lo que señala la STJCE de 13 septiembre 2007 es que la cláusula 4, punto 1 , del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que se opone al establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos que esté justificada por la mera circunstancia de estar prevista por una disposición legal o reglamentaria.

“(…) Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional mantenida en múltiples sentencias (203/2000, de 24 de julio 240/1999 de 20 de diciembre), resulta contraria a las exigencias del derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución Española, la diferencia de trato entre una funcionaria interina y los funcionarios de carrera, y atendiendo al artículo 10.5 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, es necesario al estimación y reconocer el derecho de la recurrente al mismo trato que los profesores funcionarios titulares a recibir la misma pare proporcional de las vacaciones correspondientes al periodo trabajado.

La actuación de la Administración supone una clara situación discriminatoria con respecto a los profesores funcionarios de interinos por cuanto al igual que los profesores funcionarios de carrera, ejercen las mismas funciones que estos y durante los mismos periodos escolares, y, sin embargo son cesados el 30 de junio y nuevamente nombrados en septiembre del mismo año.

Procede por todo estimar la pretensión ejercitada si bien, en congruencia con lo solicitado en vía administrativa, solo procede reconocer el reconocimiento de la situación jurídica individualizada consistente en que se declare el derecho al reconocimiento de los derechos administrativos a efectos de antigüedad respecto de los meses de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos 2011/12, 2012/13, 2013/14 y 2014/15, dado que el periodo 2015/16 no fue reclamado en vía administrativa, como se constata en la instancia presentada en fecha 29 de abril de 2016, estando prescrito el periodo 2010/11, siendo en trámite de ejecución de sentencia donde se determinará el importe total adeudado”.

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El TSJ de Madrid confirma la decisión de la Comunidad de denegar el Título de Familia Numerosa a una mujer soltera con dos hijos.

19 Jun, 2017.- La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso formulado por una particular contra la decisión de la Comunidad de Madrid de denegarle el Título de Familia Numerosa al entender que una mujer soltera y con dos hijos sin discapacidad no cumple los requisitos para obtener el título de familia numerosa y los beneficios que comporta, a diferencia de lo que ocurre en caso de personas que han enviudado y también tienen dos descendientes.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4) de 4 de mayo de 2017. Nº de Recurso: 87/2016; Nº de Resolución: 244/2017. Ponente. Excmo. Sra. D.ª Emilia Teresa Díaz Fernández.

FJ 5.- Se alega en segundo lugar en la demanda rectora de autos que la resolución resulta discriminatoria para la madre soltera y sus hijos, vulnerando el principio de igualdad ante la Ley y, por ende, debe reputarse inconstitucional y nula de pleno derecho, al no contemplarse el caso de madre soltera. Debe analizarse el motivo consistente en la quiebra del principio de igualdad y discriminación injustificada con cita del artículo 14 de la CE. Al respecto, debemos traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional en relación al artículo 14 de la CE , que viene modulando una doctrina de forma reiterada y pacífica, citándose por todas, la Sentencia del TC 2ª 114/92 de 14 de Septiembre, en la que se expresa: “El principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 14 CE consiste en que ante supuestos de hecho iguales, las consecuencias jurídicas que se extraigan deben ser asimismo iguales, y han de considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la introducción en uno de ellos, de un elemento o factor que permita diferenciarlo del otro, se encuentre carente de fundamento racional, y sea, por tanto, arbitrario porque tal factor diferencial no resulte necesario para la protección de bienes y derechos buscada por el legislador.”

En el mismo sentido, por todas STC de fecha 8 de marzo de 2004, y la de 23 de octubre de 2006, 307/2006, en la que se expresa con toda claridad, (…) “que el juicio de igualdad ex artículo 14 exige identidad de los supuestos fácticos que se pretenden comparar, pues lo que se deriva del citado precepto es el derecho a supuestos de hecho sustancialmente iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas (SSTC 212/93 y 80/1994), por ello toda alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación de un tertium comparationis frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha de consistir en “una situación jurídica concreta” ATC 209/85. Por su parte el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de fecha 29 de marzo de 1993, expresa: ” Para el éxito de una pretensión basada en el principio de igualdad ante la Ley, es de cuenta del recurrente la carga de aportar el término de comparación, la igualdad de los presupuestos de hecho y la inexistencia de justificación razonable para el tratamiento diferente o la desigualdad entre ambos supuestos.” Reitera doctrina en la Sentencia de fecha 25 de marzo de 1999. “

Tampoco este motivo puede ser estimado. El principio de igualdad ente la Ley otorga a las personas un derecho subjetivo consistente en tener un trato igual al dado a otras ante supuestos de hecho idénticos o ante situaciones jurídicas sustancialmente iguales; y es que la Constitución prohíbe toda discriminación o desigualdad de trato que, desde la perspectiva de la norma aplicada, carezca de justificación objetiva y razonable. Pero para juzgar este punto es necesario un término de comparación válido, ofrecido por quien alega la diferencia de trato. Dicho término de comparación no ha sido aportado por el actor, aun cuando éste sostenga que propone como referencia supuestos idénticos.”. En la Sentencia de fecha 22 de marzo de 1999 expresa: “Con carácter previo al examen de los términos comparativos que propone el recurrente para intentar justificar su pretensión, debemos recordar la doctrina, no por repetida menos aplicable en el caso presente, como ya indicó la precedente Sentencia de esta Sala de 24 de marzo de 1997, al resolver un recurso similar, de que no toda desigualdad de trato normativo en la regulación de una materia entraña una vulneración del artículo 14 de la Constitución, sino únicamente aquéllas que introduzcan una diferencia de trato entre situaciones que puedan considerarse sustancialmente iguales y que no se encuentren fundamentadas en una justificación objetiva y razonable. Lo que el precepto constitucional veda es la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios, carentes de la mencionada justificación objetiva y razonable. “STC de fecha 8 de marzo de 2004 , y la de 23 de octubre de 2006, 307/2006, en la que se expresa con toda claridad, (…) “que el juicio de igualdad ex artículo 14 exige identidad de los supuestos fácticos que se pretenden comparar, pues lo que se deriva del citado precepto es el derecho a supuestos de hecho sustancialmente iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas (SSTC 212/93 y 80/1994 ), por ello toda alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación de un tertium comparationis frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha de consistir en “una situación jurídica concreta” ATC 209/85. La Sala no considera la existencia de discriminación en la actora ya que es perfectamente legítimo que el legislador haya optado por definir hipótesis que constituyan excepciones respecto de la definición básica de familia numerosa, no considerando discriminatorio que el legislador haya equiparado a familia numerosa los casos de unidades familiares con un solo progenitor y dos hijos a su cargo cuando , la monoparentalidad sobrevenga por el fallecimiento de uno de ellos, supuesto distinto al de la actora, que eligió la monoparentalidad desde un principio, por lo que no se cumple con uno de los presupuestos para la aplicación del precepto: la existencia originaria de dos progenitores, abstracción hecha de su estado civil, y el fallecimiento sobrevenido de uno de ellos.

Aplicando la doctrina expuesta al presente supuesto, debemos concluir con la desestimación del motivo, por no haberse acreditado el —término de comparación— (tertium comparationis), ya que las referencias de la Demanda, no acreditan la vulneración del aludido principio. En la forma en que se dijo, el legislador ha establecido normativamente una diferenciación causal en atención a las familias monoparentales y así se diferencia normativamente a los efectos que interesa, entre las monoparentales que han decidido voluntariamente constituirse como tales, como es el caso, de aquellos otros supuestos en que la monoparentalidad trae causa del fallecimiento sobrevenido de uno de los cónyuges. Entendemos que no se ha aportado por la parte recurrente, el “término de comparación idóneo”, en la forma y modo en que se configura por la doctrina jurisprudencial expuesta. Por todo ello debemos concluir con la desestimación del motivo.”

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El Tribunal Constitucional anula definitivamente la plusvalía municipal cuando no hay incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

22 May, 2017.- El Alto Tribunal considera ahora que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) -conocido popularmente como impuesto de plusvalía- vulnera el principio constitucional de “capacidad económica” en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 11 de mayo 2017 (Cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 en relación con el art. 107 del LHL).

FJ3.- (…) Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el objeto del impuesto analizado es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Por consiguiente, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el “incremento de valor” de un terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC37/2017, FJ 3).

Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que «los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1CE)». De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). No hay que descuidar que «la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado -la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos- en un efecto generalizado, al que necesariamente la regulación normativa del impuesto debe atender», pues las concretas disfunciones que genera vulneran «las exigencias derivadas del principio de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 4; y 37/2017, FJ 4).

Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3)”.

Fuente: http://www.otrosi.net

 

Falta de motivación de la resolución de denegación de nacionalidad al utilizar una fórmula estereotipada para la denegación.

27 Mar, 2017.- La Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso y ordena la retroacción del procedimiento con objeto de que se practique por el Encargado del Registro Civil de Getafe la entrevista dejando constancia de las preguntas realizadas y de las respuestas dadas y tras los trámites procedentes se resuelva la solicitud de nacionalidad de la recurrente.

Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-administrativo, 3ª) de 14 de febrero de 2017. Nº rec. 1058/2014. Nº sent. 114/2017.

TERCERO: Esta Sala ya se ha pronunciado en más de una decena de sentencias en relación a expedientes de nacionalidad tramitados por el Juez Encargado del Registro Civil de Getafe en los que el contenido del acta de integración es prácticamente coincidente y se utiliza en todos ellos una formula estereotipada en la que se señala que el solicitante “no muestra un aceptable grado de adaptación tanto en las costumbres y modo de ser específicamente españoles, así como a la cultura e historia de nuestro país, no demostrándose hallarse suficientemente arraigada en las mismas y no conocer y no aceptar la idiosincrasia española” habiendo apreciado en todas esas resoluciones de denegación de nacionalidad una falta de motivación al no constar las preguntas y respuestas formuladas por el Encargado del Registro Civil, lo que impide valorar si la comparecencia y la valoración realizada por el mismo al objeto de valorar el grado de integración del solicitante de nacionalidad, se ajustó a criterios razonables: sentencias de 16 de abril de 2015 (recurso 1376/2013), 23 de marzo de 2015 (recurso 272/2015), 25 de febrero de 2015 (recurso 2001/2013), 6 de febrero de 2015 (recurso 1223/2013), 9 de diciembre de 2014 (recurso 1026/2013), 29 de octubre de 2014 (recurso 901/2013), 25 de septiembre de 2014 (recurso 412/2013), 18 de septiembre de 2014 (recurso 1509/2013), 16 de junio de 2014 (recurso 1251/2013), 12 de junio de 2014 (recurso 717/2013), 5 de mayo de 2014 (recurso 524/2013), 8 de abril de 2014 (recurso 752/2013), 1 de abril de 2014 (recurso 732/2013), 6 de marzo de 2014 (recurso 357/2013), 12 de febrero de 2014 (recurso 334/2013), 16 de enero de 2014 (recurso 497/2013), 6 de junio de 2013 (recurso 137/2012).

Partiendo de esa falta de motivación que determina en todos los casos la anulación de la resolución recurrida, se ha examinado por esta Sala en cada supuesto concreto y teniendo en cuenta las alegaciones presentadas en la demanda y los documentos que obran en el expediente administrativo si existen elementos que acrediten la integración, en cuyo caso se ha estimado el recurso y se ha concedido la nacionalidad española. Por el contrario si no se aprecia que existen elementos suficientes que acrediten la integración, se ha ordenado se proceda a la retroacción del expediente con objeto de que se practique la entrevista en forma, dejando constancia de las preguntas realizadas y de las respuestas dadas.

En este caso existe una falta de motivación, idéntica a la examinada en las sentencias anteriormente citadas ya que en el acta de 20 de julio de 2011 en la que se documenta el examen reservado realizado por el Juez Encargado del Registro Civil de Getafe al solicitante se indica que ” la examinada responde negativamente a la mayoría de las interpelaciones de SS” no recogiéndose cuales son las preguntas realizadas, sino que a continuación se recoge la formula estereotipada indicada anteriormente referida a que no muestra un aceptable grado de adaptación, a las costumbres, cultura historia e idiosincrasia española. Ciertamente el párrafo quinto del artículo 221 del Reglamento del Registro Civil solo exige que el Juez oiga personalmente al peticionario, pero ello no significa que esa audiencia no deba quedar documentada sino que se debe proceder a su grabación o se deben explicitar por escrito las preguntas formuladas y respuestas dadas para comprobar que la comparecencia y la valoración realizada se ajustó a criterios razonables y permitir el posterior control jurisdiccional al objeto de conocer las razones por las que el Encargado del Registro Civil aprecia la existencia o no de integración del solicitante.

En este caso las alegaciones y las pruebas aportadas por la interesada (hija nacida en España, vida laboral, y cursos de formación en el sector alimentario, propietaria de vivienda posteriormente cedida al Banco dada la imposibilidad de hacer frente al pago del crédito, sustituida por contrato de arrendamiento social) a la que hace referencia en el escrito de demanda no se consideran suficientes para considerar que la misma se haya integrada a efectos de la concesión de la nacionalidad española, teniendo en cuenta como hemos señalado anteriormente que si lo que pretende la solicitante, es no sólo residir y trabajar en España (para lo que no es preciso tener la nacionalidad española) sino que solicita la total equiparación política y jurídica con los españoles, no solo es suficiente un periodo de larga residencia, que trabaje en España y conviva con su familia, sino que le es exigible un grado suficiente de conocimiento institucional, geográfico y cultural del Estado del que pretende ser nacional.

En cuanto a la sentencia citada por la recurrente, hay que indicar que en cada caso concreto las circunstancias de la persona que solicita la concesión de la nacionalidad española tienen un carácter singular y casuístico que determina que no se traten de supuestos comparables, siendo relevante en este caso que consta diligencia de constancia de la Secretaria Judicial del Registro Civil de Getafe en el que informa que se formularon preguntas de viva voz al objeto de comprobar el grado de adaptación a la cultura española, y por otra parte que en este caso tampoco se pudo realizar la entrevista por la Comisaria General de Extranjería en el que se informa si existe o no arraigo o cualquier otra circunstancia relevante para conocer la situación del extranjero, dado que la promotora del expediente tal como consta en el informe de 22 de febrero de 2013 no ha sido localizada.

Dado que no existen en el expediente elementos suficientes que acrediten su integración y por otra parte se desconocen las preguntas formuladas en orden a acreditar el grado de integración que se le ha exigido por el Juez Encargado del Registro Civil de Getafe, comporta que el fallo no pueda ir más allá de ordenar la retroacción del procedimiento con objeto de que se practique la entrevista en forma, dejando constancia de las preguntas realizadas y de las respuestas dadas, con objeto de poder valorar el juicio de integración que ha de llevar a efecto el Juez Encargado, según prevén los artículos 220 y 221 del Reglamento del Registro Civil, emitiendo el correspondiente informe debidamente motivado. Tras ello la Administración demandada deberá dictar la resolución, debidamente motivada, que en derecho proceda y cuyo contenido queda al margen del presente recurso. Así lo hemos declarado en anteriores sentencias. (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 9 Diciembre 2014, recurso 1026/2013 y sentencias de 16 de abril de 2015, recurso 1376/2013).

Fuente: http://www.otrosi.net

 

El TSJ de Madrid estima la reclamación de un recurrente estableciendo que el tratamiento de las anualidades por alimentos a los hijos en el IRPF abarca también a los gastos indispensables para atender a su sostenimiento y educación.

27 Feb, 2017.- El TSJ de Madrid da la razón a un recurrente en referencia a que los alimentos comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, así como la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entiende el TSJ que no se puede equiparar la anualidad por alimentos a los hijos que menciona el artículo 75 de la Ley IRPF, y los destinados estrictamente al sustento de los hijos, toda vez que aquel concepto engloba los gastos médicos, de transporte, vestuario, material escolar o deportivo, y cualesquiera otros gastos indispensables para atender al sostenimiento y educación de los descendientes, salvedad hecha de su manutención o sustento, al hallarse la custodia compartida.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo; Sección 5) de 30 de enero de 2017. Nº de Recurso: 498/2015. Nº de Resolución: 88/2017. Ponente: Excma. Sra. Dña. Carmen Álvarez Theurer.

FJ4.- “La cuestión a resolver en la presente contienda se circunscribe a determinar si los pagos de 350 euros a que alude el convenio judicialmente aprobado, pueden ser incluidos en el concepto de anualidades por alimentos a favor de los hijos a los que alude el art. 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El régimen aplicable a tales aportaciones respecto del IRPF, se regula en el artículo 75 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que, en relación a las especialidades aplicables en los supuestos de anualidades por alimentos a favor de los hijos, establece:

“Los contribuyentes que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial, cuando el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicarán la escala prevista en el número 1.° del apartado 1 del artículo anterior separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en el número 1.° del apartado 1 del artículo 74 de esta Ley a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta Ley, incrementado en 1.600 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración”.

De la documentación obrante en el expediente administrativo resulta que el recurrente se encuentra divorciado, teniendo dos hijos en común del matrimonio disuelto, respecto de quienes ejercen la custodia compartida ambos progenitores de forma alternativa.

En el presente supuesto, del convenio regulador de la separación matrimonial se desprende en su apartado 4- Alimentos para los hijos:

“Al ser custodia compartida no se fija pensión de alimentos a favor de los hijos.

Cada progenitor sufragará los gastos de sus hijos cuando estén bajo su compañía.

Los gastos extraordinarios serán asumidos por mitades por ambos progenitores y deberán ser acordados por ambos, salvo razones de urgencia, o autorizados por el Juzgado, en caso de discrepancia. Se enumeran con carácter enunciativo como gastos extraordinarios, dentistas, ortopedias, óptica, campamentos, clases de inglés, actividades extraescolares deportivas, etc.

Al haber gastos comunes que generarán los hijos tales como: el recibo de colegio, el recibo médico, gastos varios de los hijos, actividades extraescolares y demás, ambos padres se comprometen a abrir una cuenta corriente, cuenta que será solidaria en la que ambos serán los titulares donde se domiciliarán todos los recibos de gastos de los hijos. De dicha cuenta se solicitará una tarjeta en la que la titular será la madre a afectos de llevar a cabo las compras que sean necesarias para los hijos, es decir, ropa, material escolar y demás.

Cada progenitor ingresará a finales de mes, a partir del día 28,350 euros para que esa cuenta corra con todos los gastos de los menores.

Estos gastos serán sufragados por los padres hasta la independencia económica de los hijos.

La madre que tiene la tarjeta de la cuenta corriente la usará con la debida diligencia y en caso de tener que sufragar un gasto importante, tanto de ropa como de material escolar, material deportivo, lo comunicará al padre a efectos de conocimiento del gasto.

En caso de que el padre corriera con gastos de ropa o de material escolar de los hijos, como no tendrá la tarjeta se lo comunicará a la madre y ese mes, en vez de ingresar los 350€ ingresaría la diferencia del importe, pero siempre contando con la aprobación de la madre”.

Hemos de indicar que la mención a las anualidades por alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar atendiendo al tenor literal del convenio aprobado judicialmente mediante sentencia de separación, y al sentido que las partes quisieron atribuir a sus cláusulas. Así pues, la labor de exégesis de su contenido, y, en concreto de la disposición cuarta referente a los alimentos, que debe ser coherente e integradora con el conjunto de sus estipulaciones, nos conduce a entender que el concepto de “alimentos” que utiliza y a cuyo amparo se abonan 350 euros mensuales en los términos que se indican, incluye todos los gastos que el artículo 142 del Código Civil indica, a excepción de la manutención.

Efectivamente, hemos de convenir con la parte recurrente que los alimentos comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, así como la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Así pues, no podemos entender una equiparación entre la anualidad por alimentos a los hijos que menciona el artículo 75 ya citado, y los destinados estrictamente al sustento de los hijos, toda vez que aquel concepto engloba los gastos médicos, de transporte, vestuario, material escolar o deportivo, y cualesquiera otros gastos indispensables para atender al sostenimiento y educación de los descendientes, salvedad hecha de su manutención o sustento, pues al hallarse la custodia compartida, lógicamente han de sufragarse por el progenitor con quién convivan, como así prevé el propio convenio aprobado judicialmente.

En consecuencia, procede estimar el recurso que nos ocupa y anular las resoluciones impugnadas, debiéndose admitir la pretensión recurrente en relación a la anualidad por alimentos a favor de los hijos”.

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El Tribunal Constitucional declara que el impuesto de la plusvalía municipal es inconstitucional cuando al vender el inmueble se ha obtenido una pérdida patrimonial.

El Tribunal Constitucional ha declarado que es inconstitucional cobrar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía) cuando el vendedor ha sufrido una PÉRDIDA patrimonial en la venta del inmueble. Por tanto, el Tribunal Constitucional no declara ilegal el impuesto, sino que considera que está exento de tributar cuando en la venta de un inmueble de naturaleza urbana no se genera una ganancia patrimonial para el vendedor.

¿Cómo se demuestra que la venta ha supuesto una pérdida patrimonial para el vendedor?

Esta es la parte complicada, puesto que hay que acreditar que el terreno donde se encuentra el inmueble ha experimento una pérdida de valor entre el momento en el que se adquirió su propiedad y el momento en el que se transmite a un tercero. Para ello, será necesario acudir a un tasador que haga una valoración del terreno.

Llegados a este punto, es necesario incidir en que el planteamiento del Tribunal Constitucional es en relación a una norma foral del País Vasco por lo que, en principio, no afecta a la normativa estatal. No obstante, hay que señalar que la regulación legal es igual en ambas normativas, por lo que finalmente será necesario modificar la normativa estatal. Actualmente hay planteada una cuestión de inconstitucionalidad en Madrid, por lo que sería interesante esperar el pronunciamiento al respecto del Tribunal Constitucional.

Para poder iniciar cualquier tipo de reclamación, será necesario que no hayan transcurrido más de cuatro años desde el momento en el que se acabara el plazo para abonar voluntariamente el impuesto.

Ahora bien, desde Lucía Blanco Abogados se recomienda que se presente YA la reclamación ante el Ayuntamiento correspondiente solicitando la devolución de los ingresos indebidos en el caso de que el transcurso de los cuatro años sea próximo. Si por el contrario aún se cuenta con tiempo suficiente, es recomendable esperar a que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la normativa estatal, aunque con toda seguridad se declarará igualmente su inconstitucionalidad.

En definitiva, desde Lucía Blanco Abogados os animamos a que pongáis en nuestro conocimiento vuestro caso para proceder a su estudio y dilucidar si corresponde iniciar cualquier tipo de reclamación. No olvidéis que dejar pasar el tiempo juega en nuestra contra.

 

Material para preparar la prueba de conocimiento para solicitar la nacionalidad española.

El Instituto Cervantes pone a disposición de todos los interesados el material necesario para preparar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE).

Se puede descargar el material gratuitamente haciendo click –> AQUÍ <–. Una vez dentro de la página, hay que bajar hasta el final, y en la sección donde pone DESCARGA DE FICHEROS RELACIONADOS, ir descargando uno a uno.

¿Tengo o no que declarar la prestación por maternidad en mi Declaración de la Renta?

La prestación por maternidad es aquél pago mensual abonado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que se reconoce a los trabajadores durante los periodos de baja por maternidad o parto.

En primer lugar, hay que señalar que la Ley encargada de desarrollar la regulación del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), en su artículo 7, apartado H, establece que estarán exentas de tributación (es decir, no hay que declararlas) las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple e hijos a cargo y orfandad. También declara que estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales.

No obstante, lo cierto es que la interpretación que ha realizado la Agencia Tributaria es que la prestación por maternidad no cumple con las exigencias legales requeridas para no tener que tributar por tal concepto, ya que considera que únicamente están exentas las prestaciones abonadas por las comunidades autónomas o entidades locales. Así, todos los contribuyentes han venido declarando en estos años la prestación por maternidad percibida en los periodos de baja.

Y en esta situación nos hemos encontrado hasta que recientemente el Tribunal de Justicia de Madrid resolvió, mediante sentencia, devolver a una contribuyente el IRPF de la prestación por maternidad del ejercicio 2.009.

Llegados a este punto nos encontramos con dos criterios:

1.- El mantenido por la reclamante al considerar que NO tiene que declarar en su Impuesto Sobre la Renta las prestaciones por maternidad percibidas mientras que legalmente se encontraba de baja.

2.- El sostenido por la Administración General del Estado al considerar que la prestación por maternidad no entra dentro de los supuestos de exención recogido por la Ley del IRPF.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que el artículo 7 de la Ley del IRPF incluye FORZOSAMENTE la prestación por maternidad percibida por la contribuyente, ya que cuando dice que “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, lo hace con carácter general, incluyendo por tanto la prestación por maternidad abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social; mientras que cuando añade que “también estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, lo que pretende el legislador es ampliar el beneficio fiscal a otras prestaciones que son o pueden ser abonadas por otros entes públicos de carácter autonómico o local.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 810/2016 de 6 Jul. 2016, recurso número 967/2014.

Una vez analizada la sentencia se abre un debate que afecta a infinidad de personas: ¿a quién afecta esta interpretación que hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del artículo 7 de la Ley del IRPF?

Primeramente hay que señalar cómo funciona el plazo de prescripción para poder reclamar en las declaraciones de la renta:

El plazo de prescripción es de 4 años a contar desde el último día del plazo para presentar en periodo voluntario la declaración de la renta de un determinado ejercicio. Es decir, pongamos un ejemplo: La declaración de la renta del ejercicio 2.012 se realiza en el año 2.013, finalizando el periodo voluntario de presentación aproximadamente el 30 de junio del 2.013. Por tanto, disponemos de 4 años para reclamar esa declaración, finalizando el plazo el 30 de junio de 2.017 (aproximadamente). De esta manera, las declaraciones de la renta del ejercicio 2.011 y anteriores ya no pueden ser revisadas.

Explicado el tema de la prescripción, es necesario aclarar quién puede pedir una revisión de su declaración de la renta. Para que se pueda cursar una reclamación será necesario cumplir con los siguientes requisitos en el año 2.012 o siguientes: haber presentado la declaración de la renta; haber estado de baja por maternidad; haber recibido una prestación por maternidad abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o similar y que dicha prestación haya sido incluida como retribución del trabajo.

Dicho esto, es indudable que muchas personas se han visto afectadas en estos últimos años por la interpretación “errónea” que la Agencia Tributaria ha realizado de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que desde Lucía Blanco Abogados se anima a toda persona que se crea afectada por esta incidencia, a poner a nuestra disposición la documentación necesaria para hacer un análisis exhaustivo del caso.